El anteproyecto de la Ley de Transparencia será aprobado en secreto

Hoy 16 Agosto, el diario el País anuncia que el gobierno propone aprobar el anteproyecto de la llamada “Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública” el próximo viernes. Access Info Europe hace hoy un nuevo llamamiento para que esta vez sí exista un espacio durante el trámite parlamentario para el debate y las consultas de los ciudadanos que asegure su efectiva representación y participación, espacio que no ha habido hasta la fecha.

“Hasta el momento toda la información que tenemos sobre esta ley proviene de filtraciones en los medios de comunicación. Esta es precisamente la cultura que tiene que cambiar para permitir que los ciudadanos fiscalicen al gobierno y participen en la toma de decisiones de la manera apropriada para una democracia moderna,” comentó Helen Darbishire, directora de Access Info.

España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que todavía no garantiza el derecho de acceso a la información pública. Según la información divulgada por El País, incluso con la nueva ley, España seguirá a la cola en ciertos aspectos, como por ejemplo, en el tiempo que tendrá las instituciones públicas para contestar que será de 30 días, con la opción de extenderlo a 60, mientras que la media europea es de 14,5 días.

“Como ciudadanos, cuando recibimos cartas de la administración, solemos tener 10 días para contestar. Parece razonable exigir una paridad en este sentido,” añadió Darbishire.

Tras varios intentos por parte de la Coalición Pro Acceso de conseguir la publicación del borrador o algún tipo de declaración por parte del gobierno sobre este, la única información con que cuenta la sociedad civil sobre la futura ley es con el análisis que de este borrador hace el diario El País, que sí ha tenido acceso al mismo.

Haciendo un breve análisis de la información publicada  podemos concluir que la futura ley de acceso a la información en España no cumplirá con los principios básicos del derecho de acceso a la información pública y esto dificultará el cumplimiento de los requisitos necesarios para poder ratificar el Convenio de Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa, primera normativa internacional que marca los estándares mínimos que aseguran el derecho de acceso a la información y cuya ratificación era uno de los objetivos para España (ver a continuación una tabla con un análisis comparativo de la futura ley).

Access Info Europe da la bienvenida a la decisión de elegir como órgano de control la agencia de la protección de datos, siguiendo así el modelo de Países como Alemania, Eslovenia, Hungría, y Reino Unido que han integrado el control de los dos derechos bajo el mismo techo; la agencia pasará a llamarse, Agencia Española de Protección de Datos y de Acceso a la Información.

Este modelo, muy eficaz en otros países, plantea dudas en España debido a la naturaleza no fundamental del derecho de acceso a la información y al alcance limitado del mismo. Desde Access Info Europe se teme que de no aplicarse a todas las autoridades públicas, como en el caso de la ley de protección de datos,  la futura ley pueda partir con una gran limitación de base que merme gravemente el derecho de acceso a la información pública.

Irene Milleiro de Intermón Oxfam miembro de la Coalición Pro Acceso comenta, “sólo cuando esta ley sea aplicable a todas las administraciones públicas, el derecho de acceso a la información se convertirá en una herramienta efectiva para la sociedad civil en su lucha contra la corrupción y permitirá que los ciudadanos exijan a sus representantes que rindan cuentas”.

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