Access Info Europe está trabajando para promover el derecho a saber en España, uno de los pocos países europeos que no tiene una ley dedicada al acceso a la información. Access Info Europe es miembro fundador de la llamada Coalición Pro Acceso, una plataforma creada en octubre del 2006 y formada por organizaciones de sociedad civil española con el objetivo de promover el acceso a la información en España.
La Coalición Pro Acceso ha definido nueve principios esenciales que deberán estar incluidos en la futura ley sobre el acceso a la información en España. Estos principios se basan en la ley y práctica en más de 80 paises en el mundo que tienen leyes de acceso a la información.
¡Apoya los principios la página web de Coalición Pro Acceso, www.proacceso.org!
De los 27 países miembros de la Unión Europea, un total de 22 tienen la citada ley, con la excepción de Chipre, Grecia, Luxemburgo, Malta y España. España y Grecia son los dos únicos paises con una población superior al millón de habitantes que no tienen dicha ley.
El Gobierno trabaja una Ley de Acceso a la Información Pública.
Hoy, 10 de diciembre 2009, miembros de la Coalición Pro-Acceso[1] se reunieron con autoridades del Ministerio de la Presidencia para intercambiar puntos de vista sobre una futura Ley de Acceso a la Información Pública.
Los miembros de la Coalición Pro-Acceso insistieron que dicha Ley debe reconocer de forma clara que se trata de un derecho fundamental incardinado dentro de la libertad de información del apartado d), párrafo 1 del artículo 20 de la Constitución Española.
Pues es así como se está caracterizando por la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al igual que hizo la Corte Interamericana de los Derechos Fundamentales. La reunión intensa de dos horas de duración fue sumamente cordial, con un interesante intercambio de opiniones.
Desde la Dirección General de Coordinación Jurídica afirman que están teniendo en cuenta los 9 principios de la Coalición Pro-Acceso en el desarrollo del borrador. Aún hay muchas cuestiones pendientes como la configuración de la autoridad independiente, incluso con la posibilidad de combinar esa autoridad con el del Defensor del Pueblo o la Agencia de Protección de Datos. Para la Coalición Pro Acceso lo importante es que esta entidad esté dotada con los recursos y poderes necesarios para proteger el derecho de acceso a la información.
En otros países europeos, la combinación de protección de datos personales con la protección de acceso a la información funciona bien para asegurar un buen equilibrio entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública.
Ambas partes están de acuerdo en que las administraciones públicas deben de ofrecer información de forma activa, ponerla a disposición del público antes incluso de que se presenten solicitudes. Consideran que habrá que realizar un esfuerzo importante para adaptar las Administraciones Públicas a este derecho de acceso a la información pública.
“España es uno de los últimos países europeos en adoptar una ley de acceso a la información por lo cual tiene la oportunidad de adoptar una ley progresista que refleje los estándares más altos. Se trata de demostrar el liderazgo de nuestro país con este derecho que es tan importante en un estado democrático, participativo, y libre de corrupción,” comentó Helen Darbishire de Access Info Europe, uno de los miembros de la Coalición Pro Acceso. La Coalición Pro-Acceso considera muy positivo este primer intercambio de opiniones y confíamos que las reuniones seguirán en un futuro.
[1] De la Coalición Pro Acceso participaron: Helen Darbishire, Directora Ejecutivo, Access Info Europe, Manuel Sánchez de Diego, Profesor, Departamento de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid; Jesus Lizcano, Presidente, Transparencia Internacional España; Francisco Daunis, Asociación de la Prensa de Madrid; Ana Etchenique, Vicepresidente, Confederación de Consumidores y Usuarios – CECU; Miguel Ángel García Garrido, Plataforma COABDM; Rosana de Andrés Díaz, Presidenta, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP). Del parte del Ministerio de la Presidencia participaron Maria Ángeles Ahumado – Directora General de Coordinación Jurídica, Emilio Guichot, experto en derecho constitucional y Juan José San Miguel, Gabinete de Comunicación.
En la foto: Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios – CECU, Jesus Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España; Manuel Sánchez de Diego, profesor del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid; Helen Darbishire, directora de Access Info Europe; Rosana de Andrés Díaz, presidenta de Archiveros Españoles en la Función Pública y Miguel Ángel García Garrido de COABDM.
