Reforma de la Corte Europea de Derechos Humanos

La Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo y donde están representados 47 estados miembros, unos 800 millones de individuos, ha de tomar en febrero de 2010 decisiones muy importantes que afectarán a su funcionamiento.

Las sentencias de este tribunal son vinculantes para los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. La Corte Europea de Derechos Humanos atiende casos jurídicos presentados por individuos donde se denuncia la violación de derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertados Fundamentales (CDEH en adelante), exigiéndose con ello su reparación por parte del Estado del que ese individuo es ciudadano. En el 80% de los casos, la Corte dictamina a favor de los individuos.

Dado el peso jurídico de este alto tribunal para la defensa de los Derechos Humanos en Europa, los ciudadanos europeos deberían de estar mejor informados sobre su derecho a acceder al tribunal puesto que la ciudadanía debería aprovechar el mandato de la Corte Europea de Derechos Humanos siempre y cuando lo considere necesario. Es por ello que Access Info Europa, junto a muchas otras organizaciones provenientes de la sociedad civil Europea, apoya decididamente toda reforma que empodere en mayor medida a este Tribunal con el fin de consolidar el Derecho Humano a un juicio justo así como a presentar demanda y que estás sean legítimamente atendidas.

Actualmente existe retrasos completamente inaceptables en la correcta tramitación de demandas individuales, que indudablemente se evitarían si los Estados miembros hubieran transpuesto adecuadamente sus obligaciones, claramente establecidas en el CDEH, a las respectivas legislaciones nacionales. Así, las soluciones jurídicas nacionales deberían ser mejoradas, o bien creadas en aquellos países firmantes del Convenio donde no existan todavía.

Por otra parte, un análisis de las sentencias de la Corte durante los últimos 50 años revela que la mitad de éstas son meras repeticiones de casos previos. En este sentido, los Estados miembro del Consejo de Europa deberían iniciar una serie de consultas a la Corte Europea de Derechos Humanos con el fin de acordar e implementar un conjunto de pautas generales para la protección de los Derechos Humanos fundamentales a nivel nacional, es decir, sin tener que recurrir a la Corte Europea. Access Info Europa quisiera recomendar una evaluación de las legislaciones nacionales de los Estados miembros del Consejo de Europa para determinar su total conformidad con el CDEH así como promover la participación tanto de los parlamentos nacionales como de instituciones de derechos humanos en esta actividad.

Además, el Comité de Ministros, que aúna a los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, supervisa la implementación de las sentencias de este alto Tribunal. Access Info Europa sostiene que el papel de este Comité debería ser fortalecido en las próximas reformas con el fin de asegurar la absoluta conformidad de los Estados miembro con la autoridad vinculante de la Corte Europea de Derechos Humanos. De manera similar, el Departamento de Ejecución de Sentencias debería ser dotado de los todos los medios necesarios para la correcta implementación de todas las sentencias de reparación, y su labor debería contar con la aprobación y reconocimiento del poder judicial de cada Estado miembro.

Por último, la Corte exige más recursos para funcionar adecuadamente. Estos recursos, sin embargo, no deberían provenir de los presupuestos de otros mecanismos para la protección de los Derechos Humanos. También se debe mejorar la eficiencia de los procedimientos jurídicos de la Corte. Los ciudadanos deberían ser mejor informados sobre los criterios de admisibilidad. Además, la publicación y traducción de la jurisprudencia proveniente de la Corte se debería fomentar hasta cubrir las necesidades de información por parte de la ciudadanía de los Estados miembros. Naturalmente, cualquier posible reforma debe salvaguardar la absoluta independencia de los jueces de manera tal que puedan realizar su fundamental labor en todo Estado de Derecho de examinar los casos presentados de forma responsable y dictaminar en justica a los hechos y la legislación relevante.

En conclusión, las decisiones que se tomen en Febrero de 2010 van a tener un gran impacto sobre el futuro de los Derechos Humanos de unos 800 millones de personas en 47 países distintos. Es por esta razón que más de 150 organizaciones hemos firmado el siguiente llamamiento:

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