Litigios
Actualización sobre destino de las donaciones de la campaña de los 3.000 euros
Access Info Europe convocó una campaña de crowdfunding el 11 de enero de 2013 para recaudar los 3.000 euros que el Tribunal Supremo estableció en su condena costas por un caso que Access Info comenzó en 2007 para reclamar su derecho a conocer qué hace España para implementar medidas anticorrupción (ver todos los detalles del caso aquí).
Durante esa campaña, Access Info consiguió superó con creces el dinero que pedía y recaudó un total de 10.630,84 €.
221 personas ingresaron su donación vía transferencia bancaria y 490 personas hicieron su donación vía Paypal. Es decir un total de 711 personas hicieron posible que Access Info siga adelante con este caso.
Las cantidades donadas fueron desde 1€ a los 276€ por persona, con una media de 14,95€ donados por persona.
La transparencia de la UE, en el banquillo
Luxemburgo, 21 de febrero de 2013 – En una audiencia pública ante la Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, celebrada el 21 de febrero de 2013, el Consejo de la Unión Europea ha sostenido que el secretismo sobre las posiciones de los diferentes estados miembros es necesario para su "efectividad".
Más concretamente, ante la solicitud hecha por Access Info Europe en 2008, el Consejo ha defendido el haber retenido los nombres de los estados miembros incluidos en un documento que contenía las propuestas para revisar la normativa de acceso a los documentos de la UE, limitando así la propia transparencia de la UE.
La audiencia se celebró para considerar la apelación del Consejo en contra de una decisión hecha en marzo de 2011 por el Tribunal General de la UE (en primera instancia), que estableció que Access Info debería haber tenido acceso al documento [1]; cuyo fallo se espera que se conozca a mediados de 2013.
Los argumentos se centraron en si el público puede saber qué propone cada Estado miembro durante los procesos legislativos, o si, por el contrario, la transparencia de este tipo socavaría gravemente el proceso de toma de decisiones del Consejo.
El Consejo cuenta, en este caso, con el respaldo de la República Checa, Grecia, Francia y España. Por su parte, el Reino Unido, que también es parte en la causa, no hizo ninguna intervención, ni escrita ni oral.
El gobierno checo planteó la posibilidad de la existencia de titulares de prensa desfavorables, en caso de que el público fuese conocedor de las posiciones de los gobiernos a la hora de redactar las leyes en Bruselas. El Gobierno griego advirtió de un "riesgo de confusión en la mente del público acerca de las posiciones de los Estados miembros", y que podría dar lugar a "malinterpretaciones" por parte de los ciudadanos, ya que los textos preliminares no son definitivos.
La Delegación francesa argumentó que la transparencia permitiría un "lobbying dirigido" y que "no es necesaria para la participación", mientras que el abogado del Gobierno español cuestionó el interés de Access Info por acceder a la documentación solicitada y señaló que la transparencia que revela las concesiones hechas durante las negociaciones implicaría un "signo de debilidad" por parte de los Estados miembros.
Estos argumentos fueron impugnados tanto por Access Info Europe y por el Parlamento Europeo, que intervino en nombre de la ONG, el cual afirmó que "los ciudadanos tienen derecho a seguir el proceso democrático" y que éste es "un elemento esencial del control democrático". El Parlamento refutó los argumentos del Consejo y los Estados miembros coadyuvantes, señalando que no puede haber una regla general de negar el acceso a la identidad de las delegaciones y que, de hecho, la transparencia puede generar "debate público, escrutinio de los medios, o incluso presión", pero que eso es la democracia.
Litigio de Access Info Europe en contra del Ministerio de Justicia español
- Solicitud de información sobre medidas anticorrupción -
Descripción: El Tribunal Supremo deniega el derecho de acceso a la información
Access Info Europe solicitó al Ministerio de Justicia español información acerca de lo que había hecho para aplicar la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención de la OCDE contra el soborno. La solicitud de información, que contiene una serie de preguntas específicas, se presentó el 14 de junio de 2007. La solicitud nunca fue contestada.
Después de un largo proceso legal, que se ha dilatado durante cinco años, el 22 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo dictaminó que no hubo violación del derecho de acceso a la información a Access Info Europe.
Access Info Europe ha argumentado que el derecho está protegido por el derecho a la libertad de expresión reconocido en la jurisprudencia internacional (por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU). Access Info Europe también argumentó que la información era necesaria para participar en la toma de decisiones y, por lo tanto, esencial para el disfrute de ese derecho, reconocido en la Constitución Española.
El principal argumento expuesto por el Tribunal Supremo de rechazar la apelación es que la solicitud de Access Info Europe a ser informada sobre las medidas concretas adoptadas para aplicar las convenciones anticorrupción suscritas por España no fue en realidad una solicitud de información sino que fue un pedido de "explicaciones" al Gobierno. Al tomar este curso, el Tribunal Supremo eludió abordar el fondo de los argumentos sobre el derecho internacional y la jurisprudencia que Access Info Europe había presentado.Access Info Europe está obligada a pagar al gobierno español 3.000 € en concepto de costas legales, cantidad a pagar en septiembre de 2012.
