Madrid, 11 abril 2019 – Tras las elecciones del próximo 28 de abril, el nuevo Gobierno tendrá que afrontar una de las tareas pendientes de España: la reforma de la débil ley de transparencia. Con el objetivo de cumplir las normas internacionales, el ejecutivo deberá reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental, en línea con la jurisprudencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Con este fin, Access Info ha propuesto que España, en su nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto, se comprometa a la adopción de medidas como la eliminación de los requisitos de identificación de los solicitantes o la aplicación de la ley de los tres poderes públicos –no solo al Ejecutivo en lo que se refiere a la Administración y los organismos vinculados a ella.

La organización pro transparencia también ha propuesto una serie de medidas para fortalecer el Consejo de Transparencia de España. Por ejemplo, otorgándole poder sancionador sobre aquellos organismos públicos que violen la ley, así como dotándolo de más recursos para la formación de los funcionarios públicos y los ciudadanos en materia de transparencia y acceso a la información.

“Como miembro de la Alianza de Gobierno Abierto desde 2012, es hora de que España ajuste la Ley de Transparencia a los estándares internacionales y reconozca el acceso a la información como un derecho fundamental”, ha destacado Helen Darbishire, directora de Access Info Europe.

“La ley de transparencia española atenta contra el derecho de acceso a la información en España. Solicitamos la eliminación de los sistemas de identificación de solicitantes en las peticiones de información y exigimos la transparencia de todos los organismos públicos”, agregó Darbishire. El Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos oficiales, aún no ratificado por España, invita a los Estados a permitir solicitudes anónimas.

Access Info también pide que España, en su IV Plan de Acción, se comprometa a regular el lobby y garantizar la total transparencia de los procesos de toma de decisiones. Por último, instamos a que España desarrolle una ley de protección de denunciantes y publique los registros de propietarios últimos de las empresas, acorde con las futuras directivas que la Unión Europea adoptará en estas materias.