Madrid 1 de agosto de 2019 – Access Info ha presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe que refleja las diversas formas en que se está violando el derecho de acceso a la información en España y ha hecho un llamado al Gobierno español para que ponga en línea el marco legal vigente con los estándares internacionales.

De forma muy específica, Access Info ha solicitado el reconocimiento por parte del Gobierno español del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, lo que permitiría que se acabe la discriminación contra los solicitantes. Actualmente el requisito de identificación en las solicitudes hace que solo puedan acceder aquellos que sean ciudadanos españoles o residentes legales.

Igualmente, destaca la falta de educación de este derecho a un público más amplio, lo que se traduce en el bajo número de solicitudes realizadas – solo se prresentan 5000 por año a nivel nacional – además del hecho de que casi el 70% de las mismas son realizadas por hombres.

También menciona las fallas para asegurar la publicación activa de la información necesaria para defender otros derechos. Por ejemplo, no hay datos publicados respecto al número de mujeres electas en parlamentos a nivel nacional o local, o el número de víctimas de mutilación genital, a pesar de que estos datos están contenidos en los indicadores de los Objetivos de desarrollo Sostenible.

El informe forma parte de una presentación conjunta a las Naciones Unidas por un grupo de cinco organizaciones de la sociedad civil involucradas en la defensa del derecho de libertad de expresión e información, siendo presentado con ocasión de la evaluación periódica de España por parte del Consejo de Derechos Humanos (un proceso conocido como “Examen Periódico Universal”).

Otra reforma clave recomendada por Access Info es la eliminación de las limitaciones que no están alineadas con los estándares internacionales, particularmente el polémico Artículo 18 de la Ley de Transparencia, que establece un concepto de documentos “internos” o “auxiliares”, algo no permitido según la definición de derecho de acceso emitida en 2011 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Entre algunas de las formas en que se encuentra limitado este derecho en España encontramos:

  • La actual ley solo aplica a la Administración Pública, sin extenderse al Poder Legislativo y al Poder Judicial, algo que para Access Info debe ser cambiado inmediatamente.
  • Existen otras leyes que establecen limitaciones y que prevalecen a la Ley de Transparencia, lo que no cumple lo contemplado en los estándares internacionales sobre este derecho fundamental.
  • Además de las debilidades de la ley, también menciona la falta de poder sancionador del Consejo de Transparencia contra las violaciones contra este derecho, situación que pudiera revertirse dotando de mayores capacidades de control y sanción al Consejo.

Dentro del informe conjunto se exponen situaciones que atentan contra el derecho de libertad de expresión:

  • El Código Penal establece sanciones, incluyendo posibles penas de prisión, a aquellas personas que atenten contra la reputación (honor) de otra – especialmente si van referidas a una serie de personas e instituciones como la Casa Real, el Ejército, los Tribunales, Cortes Generales o Asambleas Legislativas. Igualmente, aquellos relacionados con sentimientos religiosos y símbolos nacionales. Como resultado de esto hemos visto como la sátira política y las expresiones artísticas han sido penalizadas, enviando a personas a la cárcel.
  • La llamada “Ley Mordaza” establece multas a todo aquel que se atreva a criticar en los medios de comunicación las actuaciones de los miembros de las fuerzas de seguridad.
  • La criminalización del acceso habitual a contenidos terroristas publicados en internet, equiparándolo al adoctrinamiento pasivo. También criminaliza expresiones que, aunque no tengan voluntad de incitar, enaltezcan o justifiquen delitos de terrorismo. Esto fue aplicado en el caso de una persona que tuiteó una broma sobre un evento histórico.

 

Las otras organizaciones que contribuyeron en la redacción del informe son la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), el Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) y el Grupo de Investigación “Regulación Jurídica y Participación del Ciudadano Digital” de la Universidad Complutense de Madrid.