{"id":13900,"date":"2013-07-31T12:53:54","date_gmt":"2013-07-31T10:53:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.access-info.org\/?p=13900"},"modified":"2020-02-14T16:07:22","modified_gmt":"2020-02-14T15:07:22","slug":"las-organizaciones-pro-transparencia-denuncian-la-tibieza-de-una-ley-totalmente-insuficiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/2013-07-31\/las-organizaciones-pro-transparencia-denuncian-la-tibieza-de-una-ley-totalmente-insuficiente\/","title":{"rendered":"Las organizaciones pro transparencia denuncian la tibieza de una ley totalmente insuficiente"},"content":{"rendered":"

\u00bb<\/strong>La norma sigue sin reconocer el derecho fundamental de acceso a la informaci\u00f3n
\n\u00bb<\/strong>No incluye informes, borradores y material de trabajo de las administraciones
\n\u00bb<\/strong>El presidente del Consejo por la transparencia ser\u00e1 nombrado por el Gobierno<\/p>\n

Madrid, 31 de julio de 2013 <\/em>\u2013 La Comisi\u00f3n Constitucional del Congreso de los Diputados ha dado hoy carpetazo \u2013con los votos a favor de PP, CiU y PNV, la abstenci\u00f3n por error del PSOE y el ‘no’ del resto de grupos- al debate de enmiendas del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Buen Gobierno, y remite su texto al Pleno del Congreso. Superado este primer tr\u00e1mite parlamentario y con la conformidad del Pleno, que lo valorar\u00e1 en septiembre, el Senado acoger\u00e1 el proyecto de ley para avanzar hacia su definitiva aprobaci\u00f3n.<\/p>\n

Las organizaciones que remitimos este comunicado, Access Info Europe, la Fundaci\u00f3n Ciudadana Civio y Qu\u00e9 hacen los diputados, hemos tratado durante meses de dialogar y convencer a los distintos grupos parlamentos de que \u00fanicamente introduciendo ciertos cambios sustanciales, suprimiendo algunas limitaciones y abordando la norma con un sentido de la responsabilidad y algo de valent\u00eda, este texto -que llega con a\u00f1os de retraso y en el transcurso de una crisis de confianza institucional cuyo alcance est\u00e1 a\u00fan por valorar- podr\u00eda servir de base para un r\u00e9gimen de transparencia eficaz, de garant\u00eda para el ciudadano y s\u00f3lido en el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n

Rechazo al reconocer un derecho fundamental<\/h2>\n

El Gobierno ha dejado clara su intenci\u00f3n de no reconocer el derecho de acceso a la informaci\u00f3n como un derecho fundamental. Se sostiene para ello en valoraciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo anteriores a 2003 que, seg\u00fan nuestros an\u00e1lisis, no tratan en profundidad el asunto de si la Constituci\u00f3n incluye, en el \u00e1mbito de la libertad de expresi\u00f3n, el derecho de acceso a la informaci\u00f3n. As\u00ed ha sido reconocido en muchos pa\u00edses de nuestro entorno y en entidades internacionales de Derechos Humanos.<\/p>\n

De hecho, esta postura nos sit\u00faa por debajo de los est\u00e1ndares internacionalmente reconocidos que rigen la transparencia y el derecho a la informaci\u00f3n, cuyo reconocimiento m\u00e1s reciente como derecho fundamental se produjo el pasado 25 de junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.<\/p>\n

A pesar de que los grupos parlamentarios de UPyD e Izquierda Plural ped\u00edan tambi\u00e9n en Espa\u00f1a este reconocimiento en sus bater\u00edas de enmiendas, el derecho de acceso a la informaci\u00f3n nacer\u00e1 lastrado y d\u00e9bil frente a normas fundamentales como el derecho fundamental a la protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n

Una norma con poco alcance<\/h2>\n

Como hemos denunciado reiteradamente, el proyecto de Ley de Transparencia contin\u00faa excluyendo de su alcance

[a trav\u00e9s del art\u00edculo 15 (nuevo art\u00edculo18)] numerosa informaci\u00f3n de inter\u00e9s para el ciudadano. Se trata de notas, informes internos, memorandos o comunicaciones internas que generalmente tienen un peso importante en las decisiones de tipo pol\u00edtico o administrativo. Esta informaci\u00f3n queda fuera de la ley y podr\u00eda suponer para Espa\u00f1a la imposibilidad de suscribir el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales, cuya definici\u00f3n de informaci\u00f3n es m\u00e1s amplia y resulta incompatible con todas estas exclusiones.<\/p>\n

Por otra parte, consideramos muy positivo que las entidades privadas con un 40% de financiaci\u00f3n p\u00fablica a trav\u00e9s de ayudas o subvenciones o m\u00e1s de 100.000 euros anuales del erario deban someterse tambi\u00e9n a la Ley de Transparencia.<\/p>\n

Pero este apartado no incluye, por ejemplo, a las empresas que reciban ese porcentaje de su presupuesto v\u00eda contratos p\u00fablicos o a las que se dedican a gestionar servicios p\u00fablicos privatizados, por ejemplo. Adem\u00e1s, aunque finalmente se han incluido, entidades como las formaciones pol\u00edticas, los sindicatos, las patronales empresariales y otros \u00f3rganos privados se ver\u00e1n eximidos de dar a conocer otra informaci\u00f3n econ\u00f3mica, estad\u00edstica o presupuestaria que no sean subvenciones o contratos con la administraci\u00f3n. Abogamos por que cumplan la reiterada promesa del gobierno de hacer estas instituciones m\u00e1s transparentes.<\/p>\n

El \u00f3rgano de revisi\u00f3n so ser\u00e1 independiente<\/h2>\n

El Consejo de la Transparencia, el \u00f3rgano que debe velar por el cumplimiento de la ley, no estar\u00e1 adscrito al Ministerio de Hacienda -como estaba previsto-. Aunque la norma no aclara el proceso de elecci\u00f3n de los miembros de su comisi\u00f3n, s\u00ed deja claro su origen. Ser\u00e1n: un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos, un representante de la Secretar\u00eda de Estado y Administraciones P\u00fablicas, y un representante de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. La vinculaci\u00f3n de la mayor\u00eda de estos miembros con el Ejecutivo pone en duda la futura independencia del organismo, cuyo presidente, adem\u00e1s, ser\u00e1 nombrado directamente mediante Real Decreto por el ministro de Hacienda y Administraciones P\u00fablicas, aunque deber\u00e1 ser refrendado en el Congreso.<\/p>\n

Concluye as\u00ed m\u00e1s de un a\u00f1o de trabajo en el Congreso. Lo que las tres organizaciones firmantes sacamos en claro es que de un proceso de tramitaci\u00f3n tan opaco como el que ha rodeado a esta ley \u2013dirigido por el Ministerio de Presidencia y ejecutado desde la Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes-, surge una ley poco ambiciosa, laxa, con pocas garant\u00edas de proteger un derecho ciudadano y con escasas expectativas de eficacia contra la opacidad institucional y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Por ello, Access Info Europe, la Fundaci\u00f3n Ciudadana Civio y Qu\u00e9 hacen los diputados lamentamos que se haya desaprovechado esta gran oportunidad.

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