Madrid, 28 de mayo de 2013 – <\/em>El derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica no es s\u00f3lo una cuesti\u00f3n de transparencia en abstracto, sino que consiste en encontrar una v\u00eda para la mejora del d\u00eda a d\u00eda gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la informaci\u00f3n de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones pr\u00e1cticas de este derecho a trav\u00e9s de victorias concretas. \u00bfC\u00f3mo ser\u00edan estos casos en Espa\u00f1a? Se hace dif\u00edcil comparar sin una ley que obligue a las administraciones p\u00fablicas a responder a las preguntas de los ciudadanos. Pero vamos a intentarlo.<\/p>\n Bajo la Freedom Of Information Law, los ciudadanos escoceses s\u00ed pueden reclamar esos informes y, lo que es mejor a\u00fan, deben recibir una respuesta -excepto en casos muy excepcionales-. Con el respaldo de la ley y gracias a su insistencia, un grupo de padres y profesores consigui\u00f3 paralizar el cierre de 60 escuelas rurales. Este caso, tal y como lo narra quien fue comisionado para el acceso a la informaci\u00f3n de 2003 a 2012, Kevin Dunion, es una de las muchas pruebas concretas de la eficacia de la norma para conseguir mejoras en la comunidad.<\/p>\n En 2005, la Scottish Rural Schools Network (SRSN) arranc\u00f3 una campa\u00f1a contra la clausura de 60 escuelas rurales y pidi\u00f3 a las autoridades informaci\u00f3n sobre la poblaci\u00f3n escolar de las zonas afectadas, la capacidad de los centros, la distancia que tendr\u00edan que recorrer los ni\u00f1os tras el cierre y el ahorro real que supondr\u00eda para las administraciones p\u00fablicas. Con los datos en la mano, la SRSN elabor\u00f3 un informe alternativo en el que demostr\u00f3 que los c\u00e1lculos oficiales eran err\u00f3neos y los cierres estaban injustificados. El gobierno escoc\u00e9s cre\u00f3 una comisi\u00f3n independiente para estudiar el asunto e impuso una moratoria en los cierres hasta conocer los resultados de la comisi\u00f3n.<\/p>\n Padres y profesores consiguieron frenar una decisi\u00f3n que les afectaba directamente pero, adem\u00e1s, ayudaron a mejorar la transparencia de las administraciones p\u00fablicas a largo plazo: a partir de entonces es obligatorio que cualquier plan de clausura de servicios p\u00fablicos cuente con un estudio razonado y p\u00fablico que argumente la decisi\u00f3n, adem\u00e1s de un proceso de consulta previo.<\/p>\n La victoria de la SRSN no habr\u00eda sido posible sin el acceso a los datos y sin la ley que avalaba sus peticiones de acceso a la informaci\u00f3n. En Espa\u00f1a la situaci\u00f3n es bien distinta: \u00bfd\u00f3nde est\u00e1n los documentos que justifican el cierre de escuelas y ambulatorios en los pueblos? En junio de 2012, Castilla La Mancha anunciaba el cierre de unas 60 escuelas rurales. No son las \u00fanicas, tambi\u00e9n se han clausurado centros escolares en Galicia o Valencia, entre otras zonas. De hecho, las comunidades aut\u00f3nomas han ido elevando en los \u00faltimos a\u00f1os el ratio de alumnos necesarios para mantener un centro abierto. Un portavoz de Castilla La Mancha lleg\u00f3 a afirmar que los cierres se fundamentaban en una cuesti\u00f3n de calidad y no de dinero, pero nunca mostr\u00f3 informes o estudios que apoyaran su tesis de que la educaci\u00f3n era de mejor calidad en los grandes colegios de las ciudades que en las peque\u00f1as escuelas rurales.<\/p>\n Un caso similar se vivi\u00f3 con el cierre de las urgencias nocturnas en varios pueblos y ciudades de Catalunya, primero; y Castilla La Mancha, poco despu\u00e9s, entre otras comunidades aut\u00f3nomas. El gobierno de Mar\u00eda Dolores de Cospedal decret\u00f3 la clausura de 21 puntos que ofrec\u00edan atenci\u00f3n sanitaria durante la noche en distintos pueblos de Castilla La Mancha. Ante las protestas y, sobre todo, las resoluciones judiciales que tumbaron la decisi\u00f3n, el gobierno manchego tuvo que dar marcha atr\u00e1s. Eso s\u00ed, ya ha anunciado que prepara un nuevo plan de cierres.<\/p>\n Durante el debate sobre el cierre de los ambulatorios, el ejecutivo auton\u00f3mico asegur\u00f3 que los pacientes afectados s\u00f3lo deber\u00edan desplazarse unos kil\u00f3metros para ser atendidos en otro centro. Nunca mostr\u00f3 de d\u00f3nde sac\u00f3 esos datos. Una comprobaci\u00f3n pr\u00e1ctica demostr\u00f3 que esos pocos kil\u00f3metros rondaban los 40 y que el recorrido pod\u00eda llegar a durar m\u00e1s de 40 minutos.<\/p>\n Con los datos en la mano, los numerosos ciudadanos que han protestado contra estas decisiones en Espa\u00f1a podr\u00edan intentar demostrar, como pas\u00f3 en Escocia, si los gobiernos se equivocan al decretar todos estos cierres. Pero Espa\u00f1a no es Escocia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" C\u00f3mo evitar el cierre de las escuelas rurales gracias a los datos Madrid, 28 de mayo de 2013 – El derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica no es s\u00f3lo una cuesti\u00f3n de transparencia en abstracto, sino que consiste en encontrar una v\u00eda para la mejora del d\u00eda a d\u00eda gracias a la mirada de todos sobre datos objetivos. Algunas de las historias que explica el excomisionado para la informaci\u00f3n de Escocia, Kevin Dunion, muestran las aplicaciones pr\u00e1cticas de este derecho a trav\u00e9s de victorias concretas. \u00bfC\u00f3mo ser\u00edan estos casos en Espa\u00f1a? 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