{"id":30481,"date":"2018-03-27T08:01:53","date_gmt":"2018-03-27T06:01:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.access-info.org?p=30481"},"modified":"2018-11-13T10:06:27","modified_gmt":"2018-11-13T09:06:27","slug":"por-que-es-importante-recurrir-esta-sentencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/2018-03-27\/por-que-es-importante-recurrir-esta-sentencia\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 es importante recurrir esta sentencia?"},"content":{"rendered":"

1. Porque limita la definici\u00f3n de informaci\u00f3n p\u00fablica que establece la Ley de Transparencia.<\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 13 de la Ley de transparencia <\/strong>dice:<\/p>\n

\u201cSe entiende por informaci\u00f3n p\u00fablica los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder<\/u> de alguno de los sujetos incluidos en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de este t\u00edtulo y que hayan sido elaborados o adquiridos<\/u> en el ejercicio de sus funciones\u201d. <\/em><\/p><\/blockquote>\n

La interpretaci\u00f3n que hace la sentencia limita de facto esta definici\u00f3n, haciendo que en la pr\u00e1ctica aplique exclusivamente a la informaci\u00f3n elaborada por los organismos p\u00fablicos y no tambi\u00e9n a la adquirida como dice la Ley.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

2. Porque genera un nuevo agujero negro para la transparencia al establecer que son terceros \u2013sujetos no obligados por la Ley- quienes deciden sobre el acceso.<\/strong><\/p>\n

El art\u00edculo 19.4 de la Ley de transparencia<\/strong> dice:<\/p>\n

\u00a0\u201cCuando la informaci\u00f3n objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitir\u00e1 la solicitud a \u00e9ste para que decida sobre el acceso\u201d. <\/em><\/p><\/blockquote>\n

Entendemos que este art\u00edculo fue concebido para remitir las solicitudes a otros organismos obligados por la Ley 19\/2013. La sentencia crea un agujero negro para la transparencia al dejar la puerta abierta a que sean organismos extranjeros o sujetos privados no obligados por la Ley de Transparencia quienes \u201cdiscrecionalmente\u201d decidan sobre el acceso.<\/p>\n

Consideramos adem\u00e1s que la sentencia es contraria al reconocimiento amplio del derecho de acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica seg\u00fan el art\u00edculo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el art\u00edculo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

3. Porque es contraria a los objetivos y finalidades de la Ley 19\/2013.<\/strong><\/p>\n

El apartado I del Pre\u00e1mbulo de la Ley de transparencia<\/strong> establece:<\/p>\n

\u201cLa transparencia, el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acci\u00f3n pol\u00edtica. S\u00f3lo cuando la acci\u00f3n de los responsables p\u00fablicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer c\u00f3mo se toman las decisiones<\/u> que les afectan, c\u00f3mo se manejan los fondos p\u00fablicos<\/u> o bajo qu\u00e9 criterios act\u00faan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes p\u00fablicos comienzan a responder a una sociedad que es cr\u00edtica, exigente y que demanda participaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos\u201d<\/em>.<\/p><\/blockquote>\n

Las actas y los documentos relacionados con las reuniones del Consejo del Centro Europeo de Biolog\u00eda Molecular, del que Espa\u00f1a es miembro desde 1987 y al que aporta aproximadamente el 8% de su presupuesto, suponen informaci\u00f3n b\u00e1sica para que los ciudadanos podamos conocer c\u00f3mo se toman las decisiones y se manejan los fondos p\u00fablicos.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

4. Porque es una interpretaci\u00f3n que dista mucho de regulaciones de nuestro entorno.<\/strong><\/p>\n

Esta interpretaci\u00f3n restrictiva de la Ley de Transparencia choca de lleno con c\u00f3mo se aplican otras regulaciones de transparencia de nuestro entorno. Por ejemplo, es frecuente que las Instituciones Europeas, en aplicaci\u00f3n de la Regulaci\u00f3n 1049\/2001 relativo al acceso del p\u00fablico a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisi\u00f3n, decidan sobre el acceso a documentos originados por terceras partes, ya sean sujetos privados<\/a> como empresas, lobbies o de los Estados Miembros<\/a>.<\/p>\n

Por otro lado, pa\u00edses como Reino Unido o Noruega, tambi\u00e9n miembros del EMBL, en aplicaci\u00f3n de sus respectivas leyes de transparencia s\u00ed consideran<\/a> que la informaci\u00f3n adquirida por su Instituciones en el seno del EMBL es informaci\u00f3n p\u00fablica y que son sus puntos de contacto ante este organismo (el equivalente al Ministerio de Econom\u00eda) quienes deciden sobre el acceso.<\/p>\n

Incluso en Noruega, toda la informaci\u00f3n en poder de las Instituciones Noruegas sobre las actas y todos los documentos relacionados con las reuniones del EMBL, incluyendo los documentos recibidos y generados por el EMBL, se encuentra listada de forma proactiva<\/a> en su web de archivos p\u00fablicos, habiendo 174 piezas de informaci\u00f3n susceptibles de ser solicitada en virtud de su Ley de Acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

1. Porque limita la definici\u00f3n de informaci\u00f3n p\u00fablica que establece la Ley de Transparencia. El art\u00edculo 13 de la Ley de transparencia dice: \u201cSe entiende por informaci\u00f3n p\u00fablica los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de este t\u00edtulo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones\u201d. La interpretaci\u00f3n que hace la sentencia limita de facto esta definici\u00f3n, haciendo que en la pr\u00e1ctica aplique exclusivamente a la informaci\u00f3n elaborada por los organismos p\u00fablicos y no tambi\u00e9n a<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":30484,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[83],"tags":[987,662,657,1033,296,956,954],"class_list":["post-30481","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-esp-es","tag-audiencia-nacional","tag-consejo-de-transparencia","tag-ctbg","tag-embl","tag-ley-de-transparencia-es","tag-sentencia","tag-tribunal-contencioso-administrativo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30481"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30481\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30489,"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30481\/revisions\/30489"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30484"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}