{"id":32061,"date":"2019-12-10T09:45:52","date_gmt":"2019-12-10T08:45:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.access-info.org\/?p=32061"},"modified":"2019-12-10T09:43:32","modified_gmt":"2019-12-10T08:43:32","slug":"espana-cinco-anos-de-la-ley-de-transparencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.access-info.org\/es\/2019-12-10\/espana-cinco-anos-de-la-ley-de-transparencia\/","title":{"rendered":"Espa\u00f1a: cinco a\u00f1os de la Ley de Transparencia"},"content":{"rendered":"

Madrid, 10 de diciembre 2019<\/em> \u2013 Cinco a\u00f1os despu\u00e9s de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en el D\u00eda Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2014, Access Info inst\u00f3 al Gobierno espa\u00f1ol a dar pasos m\u00e1s audaces hacia el cumplimiento de las normas internacionales sobre este derecho fundamental, y a garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la informaci\u00f3n sin los m\u00faltiples obst\u00e1culos que en la actualidad est\u00e1n dando lugar a una grave infrautilizaci\u00f3n de la ley.<\/strong><\/p>\n

A pesar de los avances legislativos logrados desde que en diciembre de 2014 entrase en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica y Buen Gobierno, el n\u00famero de solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n sigue siendo muy bajo: menos de 5.000 al a\u00f1o a nivel nacional<\/strong>, con un escandaloso 69% de las solicitudes presentadas por hombres, s\u00f3lo un 26% por mujeres y el 5% restante por personas jur\u00eddicas (empresas u ONG).<\/p>\n

Tres obst\u00e1culos clave explican esta situaci\u00f3n<\/strong>. El primero es que para realizar una solicitud en l\u00ednea se requiere un certificado digital, algo que la mayor\u00eda de los ciudadanos no tienen<\/strong>, por lo que las solicitudes tienden a ser realizadas por un peque\u00f1o n\u00famero de periodistas y empresas. En segundo lugar, existe una estructura legal enormemente compleja<\/strong>, con diferentes leyes -y diferentes sistemas de solicitud- en las 17 comunidades aut\u00f3nomas de Espa\u00f1a, a lo que se suman algunas ordenanzas a nivel municipal. En tercer lugar, la falta de concienciaci\u00f3n<\/strong> de los periodistas y las ONG sobre este derecho<\/strong>, por no hablar de la poblaci\u00f3n en general.<\/p>\n

Otro problema es la mala calidad de las respuestas, que s\u00f3lo en 2018 provoc\u00f3 un aumento del 25% en el n\u00famero de quejas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno<\/strong> (CTBG). Adem\u00e1s, existe una tendencia creciente entre los organismos p\u00fablicos a recurrir a los tribunales para impugnar las decisiones del Consejo o simplemente ignorarlas, lo que resulta en el incumplimiento de la mitad de todas las decisiones del CTBG\u00a0. Es m\u00e1s, seg\u00fan recoge el diario <\/span>El Pa\u00eds<\/em> en un art\u00edculo publicado recientemente, <\/span>\u201cel 75% de los recursos contra resoluciones del Consejo provienen de la propia Administraci\u00f3n\u201d<\/em><\/a><\/p>\n

\u00abLa falta de voluntad pol\u00edtica para cumplir con las decisiones del Consejo de la Transparencia es escandalosa, y no hace m\u00e1s que agravar el desordenado e incompleto estado de respeto de este derecho en Espa\u00f1a\u00bb<\/em>, coment\u00f3 Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info.<\/p>\n

\u00abLa prioridad de los gobiernos entrantes debe ser fortalecer tanto los poderes como los recursos del Consejo de Transparencia, para que pueda desempe\u00f1ar su papel clave en la defensa de este derecho democr\u00e1tico. El pr\u00f3ximo gobierno tambi\u00e9n deber\u00eda reconocer este derecho fundamental, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eliminar los requisitos de identificaci\u00f3n para que sea f\u00e1cil para todos solicitar informaci\u00f3n\u00bb<\/em>, concluy\u00f3 Darbishire.<\/p>\n

Access Info se\u00f1ala que, en diciembre de 2016, m\u00e1s de 50 de los principales expertos constitucionales, abogados y acad\u00e9micos espa\u00f1oles firmaron una carta abierta<\/a> pidiendo al Gobierno espa\u00f1ol que reconozca el acceso a la informaci\u00f3n como un derecho fundamental<\/strong> en l\u00ednea con la jurisprudencia internacional que vincula el derecho a la informaci\u00f3n con la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n

Construyendo una Cultura de Transparencia<\/strong><\/p>\n

Espa\u00f1a es miembro de la Asociaci\u00f3n de Gobierno Abierto (Open Government Partnership<\/em>) de 80 pa\u00edses, as\u00ed como el \u00fanico pa\u00eds en el mundo con dos entidades subnacionales miembros del OGP – el Ayuntamiento de Madrid y el gobierno regional del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

El trabajo de gobierno abierto de Espa\u00f1a se ha estancado recientemente, sin que se haya producido ning\u00fan avance en el IV Plan de Acci\u00f3n del OGP -que deber\u00eda haber finalizado a mediados de 2019- debido a la falta de un gobierno tras una serie de elecciones generales inconclusas.<\/p>\n

Access Info<\/strong> y<\/strong> los miembros de la<\/strong> plataforma de la sociedad civil Coalici\u00f3n Pro Acceso<\/a><\/strong>, que cuenta con casi 100 miembros, han pedido que se incluya una serie de medidas en el pr\u00f3ximo Plan de Acci\u00f3n del OGP<\/strong>, entre ellas:<\/p>\n