Madrid, 25 de febrero de 2026 — Access Info Europe aplaude la decisión del Gobierno español de desclasificar los documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un gesto que reconoce el derecho de la ciudadanía a conocer los hechos que marcaron profundamente la historia democrática de España.

Durante décadas, esa documentación había permanecido inaccesible bajo la sombra de una normativa franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que, a pesar de la llegada de la democracia, ha continuado regulando la información clasificada sin plazos claros de desclasificación y sin mecanismos efectivos de control independiente. Su origen y carácter anacrónico han sido objeto de críticas constantes por parte de organizaciones de derechos humanos, historiadores y parlamentarios, ya que mantiene restricciones que no se corresponden con los estándares democráticos de transparencia. 

Cuando la sociedad puede acceder a documentos históricos relevantes, se fortalece la confianza en las instituciones y se reafirma la cultura democrática. La desclasificación de los documentos relativos al 23-F es una prueba de ello.

Esta desclasificación llega en un momento en que la tramitación del Proyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituiría la ley franquista de 1968, sigue estancada en el Congreso de los Diputados. 

Desde Access Info Europe defendemos que las normativas de información clasificada deben respetar una serie de principios, entre los que destacan:

  • Respeto a los derechos fundamentales: La Ley debe asegurar el respeto a los derechos fundamentales en el ámbito de la libertad de información y el derecho de acceso a la información pública. También debe garantizar que no se clasifica información relacionada con graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
  • Motivación de la clasificación: Es necesario que las decisiones de clasificación se den en un marco justificado y motivado de legalidad, necesidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta que la clasificación debe ser la excepción y no la norma.
  • Plazos razonables para desclasificar la información: Deben evitarse plazos excesivamente largos que impidan el escrutinio de la información durante décadas.
  • Control independiente sobre las decisiones de clasificación, reclasificación o desclasificación.

La desclasificación de los documentos del 23-F nos recuerda que la transparencia y el derecho a la información son pilares de una democracia sólida. No son gestos simbólicos, sino herramientas para fortalecer la justicia, la memoria y la participación ciudadana. Access Info Europe seguirá promoviendo un marco legal que garantice que el derecho de acceso a la información sea reconocido como un derecho fundamental para todas las personas.

Consulta todos los documentos desclasificados relativos al 23-F en la página web de La Moncloa.