20 de Septiembre de 2011 – Con los 46 países reunidos hoy en Nueva York para lanzar el Partenariado de Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership), Access Info Europe advierte que las promesas que se harán deberán ser cuidadosamente vigiladas a fin de impedir que los países participantes utilicen el proceso para dar una falsa impresión de sus credenciales de transparencia.

«La iniciativa tiene el potencial de promover estándares más altos de claridad, en particular en el ámbito de la publicación proactiva de la información pero hay que tener cuidado para asegurar que éste no se convierta en un «ejercicio de escaparatismo»».

El peligro de la «hipocresía de la transparencia» es muy real: el gobierno de Reino Unido participa como miembro-leader del OGP y contemporáneamente está involucrado en litigios contra Access Info Europe por obstruir el acceso a documentos sobre la reforma de las propias reglas de acceso a los documentos de la Unión Europea.

Otros tres países participantes – República Checa, Grecia y España – están también implicados en esta batalla legal contra la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones dentro de la Unión Europea, en conflicto directo con los estándares de OGP sobre gobiernos abiertos y participativos.

La falta de criterios rigurosos de ingreso en el club de OGP podría facilitar las cosas a los miembros en eludir el pleno respeto de los derechos de acceso a la información: dos de los estados europeos participantes, España y Luxemburgo, no tienen una ley de acceso a la información ni tampoco una protección constitucional de dicho derecho y los dos tienen niveles muy limitados de acceso a la información en la práctica.

«Ningún mecanismo de promoción de gobiernos abiertos puede tolerar fracasos en la definición de estándares internacionales» ha concluido Darbishire.

Access Info Europe ha levantado además la cuestión de la libre elección por parte de los miembros de OGP de los indicadores con los cuales serán reportados los progresos.

«Objetivos voluntarios controlados por las sociedades civiles son útiles para lanzar un debate sobre los gobiernos abiertos» ha comentado Helen Darbishire, «pero esto no puede de ninguna manera sustituir ni la obligación de respetar el derecho de acceso a la información ni los compromisos de transparencia ratificados en tratados como la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas.