Madrid, 2 de Octubre de 2013 – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunciará formalmente su decisión final en el caso Access Info v Consejo de la Unión Europea el día 17 de octubre de 2013, después de cuatro años de batalla legal. La segunda instancia del TJUE tendrá ahora la última palabra sobre si es legítimo o no que el Consejo sistemáticamente tache los nombres de los estados miembro en documentos que resumen negociaciones legislativas antes de que estas se hayan hecho públicas.

La disputa es sobre si sí o si no el acceso público a los resúmenes de las reuniones del grupo de trabajo del Consejo, incluyendo detalles sobre qué estado miembro propuso el qué, podría «seriamente dañar» el proceso de toma de decisiones del Consejo si se hacen públicas. La práctica actual del Consejo es la de tachar todos los nombres de los estados miembro que aparecen en estos documentos hasta que la decisión ya esté tomada y las leyes se hayan aprobado. Por eso la decisión del TJUE es de vital importancia en determinar el futuro de la transparencia y la integridad pública en la Unión Europea.

El Tribunal General del TJUE ya sentenció a favor de Access Info Europe en marzo de 2011 pero el Consejo ha apelado desde entonces esta decisión junto con los gobiernos de República Checa, Francia, Grecia, España y Reino Unido. El Parlamento Europeo sin embargo ha intervenido en apoyo a Access Info Europe y está argumentando a favor de una mayor transparencia del Consejo.

El día 16 de mayo de 2013 el Abogado General opinó a favor de la transparencia dando su opinión legal diciendo que la apelación del Consejo debería ser rechazada.

Si el TJUE confirma la sentencia del 2011 a favor de Access Info Europe los ciudadanos lo tendrán mucho más fácil a la hora de saber qué es lo que sus países están proponiendo y argumentando cuando mandan delegados a la UE para trabajar en un proceso legislativo en alguno de los grupos de trabajo del Consejo. Esto incluso podría poner fin a las acusaciones de «blanqueo de políticas» a través del cual los gobiernos a nivel nacional acusan a la UE de ser la responsable de decisiones y leyes impopulares aún habiéndolas propuesto ellos mismos. Sin embargo si la TJUE anula la sentencia de 2011 los estados miembro podrán seguir negociando la legislación europea en secreto.

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Pam Bartlett Quintanilla pam@access-info.org