Madrid, 2 de octubre de 2020 – Medios de todo el mundo están hablando del alarmante aumento de contagios por coronavirus en Madrid – y del nuevo confinamiento. Sin embargo, esta semana también fueron noticia acontecimientos muy importantes para los activistas de la transparencia en España, coincidiendo gratamente con el Día Internacional del Acceso a la Información, el 28 de septiembre.
La Directora de Access Info Europe Helen Darbishire hace un repaso de los últimos acontecimientos.
En primer lugar, el lunes 28 de septiembre, la Ministra de Función Pública Carolina Darias anunció que España firmará y ratificará el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Oficiales, algo que Access Info ha pedido de forma reiterada. Este compromiso se ha incluido en el nuevo Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), con un plazo firme para completar la ratificación antes del 31 de diciembre de 2021.
El borrador del próximo Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto fue también presentado el lunes, para una última ronda de comentarios antes de que sea finalizado. Es uno de los primeros planes de acción de OGP que tendrá una duración de cuatro años (en lugar de los dos habituales), y es muy ambicioso en su alcance, pues incluye la reforma de la Ley de Transparencia, nuevas leyes sobre la regulación de los grupos de interés y la protección de alertadores, un proyecto piloto sobre huella legislativa, y la apertura de datos clave, como el registro mercantil y algunos datos de los servicios de salud. Muchos de los compromisos reflejan las propuestas de la sociedad civil.
La mejorable Ley de Transparencia de España, es una de las más jóvenes de Europa, entrando en vigor apenas el 10 de diciembre de 2014. Esta ley, que ha obtenido una puntuación de 73 sobre 150 en la clasificación global del RTI Rating, sigue teniendo muy pocas solicitudes y una aplicación deficiente. La situación se complica por la multiplicidad de leyes regionales e incluso de normas municipales. No obstante, en los últimos años se ha observado una creciente conciencia de la importancia de la transparencia para luchar contra la corrupción y participar en la toma de decisiones.
El clamor por una ley de acceso a la información más fuerte en España sólo aumentó durante los últimos meses de la pandemia de Covid-19, cuando la sociedad civil, los periodistas y el público se enfurecieron por la suspensión de los plazos para la tramitación de las solicitudes durante el cierre. La necesidad de contar con datos fiables y oportunos sobre lo que está sucediendo, sobre cómo se están tomando las decisiones y cómo se están gastando los fondos, colocó la transparencia en un lugar prioritario de la agenda pública, y esto parece haber dado un impulso adicional a los compromisos del Gobierno de aumentar los niveles de apertura.
El tercer anuncio por parte del gobierno español en materia de transparencia fue la candidatura a la Presidencia del Consejo de la Transparencia, un puesto que ha estado vacante durante tres años desde el fallecimiento inesperado de la primera presidenta, Esther Arizmendi en noviembre de 2017. Aunque la sociedad civil pide un proceso más abierto, con más candidatos presentados, lo considera un paso adelante. El candidato, José Luis Rodríguez Álvarez, es un ex director de la Agencia Española de Protección de Datos. Se espera que trate de conseguir facultades similares a las que tenía en su anterior cargo, como la de poder inspeccionar documentos y sancionar el incumplimiento de las decisiones del Consejo de Transparencia. Se podría lograr un Consejo más fuerte con la reforma de la Ley de Transparencia durante el curso del próximo Plan de Acción de OGP.
En el transcurso de la semana, España acogió el Congreso Internacional de Transparencia, originalmente previsto en Canarias, pero finalmente en línea. El evento reunió a cientos de participantes, mostrando cómo la comunidad pro transparencia en España ha crecido en los últimos años, incluyendo a la sociedad civil, funcionarios públicos, comisionados de información y académicos.
En una reunión de la plataforma pro transparencia española Coalición Pro Acceso, celebrada en el marco del Congreso, asistió una representante del Gobierno que señaló que la cuestión del reconocimiento de un derecho fundamental de acceso a la información no está fuera de la mesa, aunque es algo que debe ser discutido con expertos en derecho constitucional.
Access Info ha recordado reiteradamente al gobierno español que los organismos internacionales de derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO afirman que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, intrínsecamente ligado a la libertad de expresión, que sí está en la Constitución española.
La falta de reconocimiento por parte de España del acceso a la información como un derecho fundamental permitió que los plazos de las solicitudes de acceso realizadas bajo la Ley de Transparencia se suspendieran como daño colateral cuando el gobierno español declaró el Estado de Alerta en marzo. El rechazo ocasionado podría, sin embargo, ayudar a inclinar la balanza: si hay una oportunidad que pueda salir de esta crisis, tal vez sea, y solo tal vez, que ahora España se tome en serio la demanda de la sociedad civil, los periodistas y – lo que es más importante – la opinión pública, y que se reconozca debidamente este derecho democrático clave.