Madrid, 1 de junio de 2012 – Ayer se celebró la cuarta sesión de la Comisión de Expertos convocada por el Ministerio de la Presidencia para debatir la ley de transparencia, bajo el título “Propuestas de la sociedad civil”, un título paradójico si prestamos atención a la forma que está teniendo el gobierno de incorporar las propuestas de los ciudadanos a la nueva ley de transparencia.
Dos semanas después de que el gobierno anunciara cambios en el anteproyecto de ley, seguimos sin conocer si se han incluido en el texto las aportaciones que han hecho los ciudadanos porque no hemos tenido acceso a los más de 3.600 comentarios hechos durante la breve consulta pública que el gobierno llevó a cabo durante dos semanas en abril.
Si cotejamos el borrador inicial con el que existe ahora, cuyos cambios se pueden ver en la web tuderechoasaber.es, vemos que el texto, efectivamente, se ha modificado, pero no en aquellos puntos que es realmente necesario mejorar para estar en línea con los estándares internacionales, tales como el Convenio sobre Acceso a Documentos Públicos del Consejo de Europa, un convenio que, previamente, el gobierno había dicho que quería firmar.
El texto tampoco recoge el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública, por lo que no está en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras altas instancias de derechos fundamentales. Tampoco incluye la necesidad de que el órgano de revisión sea independiente. Globalmente parece que se han hecho ligeras adaptaciones en el texto, pero oídos sordos a los puntos clave que reclaman expertos nacionales, internacionales y de la sociedad civil española.
Durante la reunión de la Comisión, representantes de la sociedad civil expresaron su “decepción” con el proceso de tramitación de la ley y se quejaron sobre la falta de transparencia en torno a la consulta pública.
Ante la pregunta de cuándo iban a mostrar las aportaciones de los ciudadanos, la Subdirectora de Propuestas Normativas y Documentación Parlamentaria del Ministerio de Presidencia, allí presente, comentó que no lo sabía, “no tenía la información”.
La Comisión de Expertos sigue pues su camino en medio del desconcierto y la perplejidad. Como cada jueves, asiste puntualmente a las reuniones que se convocan en el Centro de Estudios Constitucionales, pero el descrédito aumenta.
Las mesas redondas continúan, y parece que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales tiene la intención de prolongarlas incluso hasta cuando la ley entre en trámite parlamentario, a pesar de que los comentarios de los asistentes parecen caer en saco roto.
Es tal el estupor que ya se alzan voces reclamando claridad sobre el proceso: ¿qué sentido tienen estas reuniones?, ¿se van a tener en cuenta las aportaciones?, ¿cómo se podría mejorar la “interactividad” entre gobierno y sociedad civil?, ¿se va a fomentar una participación ciudadana “real”?
En esta cuarta sesión los ponentes han sido Elisa de la Nuez, Directora General de IClaves y miembro de la Coalición Pro Acceso y Juan José Lavilla, Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y Letrado de las Cortes Generales.
Elisa de la Nuez volvió a insistir en la necesidad de que el control de la transparencia fuera realizado por un organismo realmente independiente, sumándose a las reivindicaciones de la Coalición Pro Acceso, mientras que Juan José Lavilla explicó la legislación vigente sobre consultas a la ciudadanía durante el proceso de creación reglamentaria y defendió la aprobación de una ley nacional que regule la participación ciudadana. A su vez, destacó la necesidad de eliminar el silencio negativo por un plazo de 30 días.
La próxima cita es el jueves 14 de junio, con Antonio Garrigues y Víctor Pérez Díaz como ponentes de la Mesa Redonda: “Diálogo sobre transparencia y buen gobierno”. Veremos si el gobierno ya ha desvelado para entonces las propuestas de los ciudadanos.