Madrid, 24 de septiembre de 2012 — Los miembros de la Coalición Pro Acceso alertaron en rueda de prensa, el 21 de septiembre en la Asociación de la Prensa de Madrid, de los defectos de la Ley de Transparencia, Acceso a la información y Buen Gobierno, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio.
Desde la Coalición, han entregado un documento a los diputados encargados de revisar la ley, donde se proponen modificaciones a una ley que juzgan insuficiente.
La Coalición se muestra preocupada también porque la Ley está todavía por debajo de los estándares internacionales. Considera que es el momento clave para cambiarla y mejorarla, dado que el 25 de septiembre finaliza el plazo para qué los diputados presenten enmiendas.
En opinión de los miembros de la Coalición Pro Acceso, las prisas por aprobar esta Ley, se deben a la voluntad del gobierno de vender una buena imagen y controlar el gasto de las administraciones. Sin embargo, el concepto transversal de Transparencia va más allá: implica una cultura en sí que debe cimentarse en una ley fuerte y de calidad. Para la Coalición, “el gobierno opta por una Ley que nace vieja.”
Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe, apunta tres problemas de gran magnitud que atañen la Ley. En primer lugar, no incluye el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, mientras que en otros países, existe su reconocimiento constitucional, asociado además a la libertad de expresión.
Por otra parte, la ley excluye parcelas enteras de información, lo que impediría un cambio cultural hacia la transparencia. El derecho a la información no es absoluto y tiene en consideración que cierta información es confidencial. Sin embargo, en la práctica, el gobierno y las administraciones públicas deniegan una gran cantidad de solicitudes de información (casi el 60%) por motivos políticos y técnicos que nada tienen que ver con la confidencialidad.
Por último, la Ley de Transparencia en cuestión no prevé una identidad independiente para velar por el cumplimiento de la ley. Es el Ministerio de Hacienda el que e hará cargo de ello, algo que los miembros de la Coalición coinciden en que es “impensable”.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, enumeró ejemplos de falta de información que afectan a los derechos humanos: la violencia de género, los vuelos secretos de la CIA, las compras armamentísticas, etc. “Una ley de transparencia es fundamental para el control democrático de la acción del gobierno. Sin embargo, España es un país opaco y la ley de Transparencia tal y como está no va a permitir grandes avances.” concluyó.