el Periódico de España | 31/12/2022
Spanish – En la España de 2013, el tesorero del partido en el Gobierno entraba por primera vez en prisión, los escándalos salpicaban a la mismísima hija del rey, dos expresidentes andaluces acababan imputados por unos ERE fraudulentos y un expresidente de diputación era condenado por delitos fiscales. Los españoles desayunaban cada día con un nuevo escándalo de corrupción que destapaba las vergüenzas de unos dirigentes que se habían movido con demasiada soltura en la oscuridad de sus despachos. La transparencia era uno de esos asuntos a los que España llegaba tarde. Junto con Chipre y Luxemburgo, era el único país de la UE que no había legislado, pese a que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero lo había prometido en su programa una década antes. Fue a finales de ese año, 2013, cuando un gobierno del PP aprobó la primera ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, una norma que prometía prender la luz, aunque nacía con deficiencias.
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