Madrid, 27 de febrero de 2013 – La imagen lo dice todo: un gobierno acorralado por la corrupción es tan reacio a responder preguntas que pone a los periodistas en una estancia separada durante una rueda de prensa. Esto ocurrió el 2 de febrero de 2013, en una comparecencia ofrecida por el presidente español Mariano Rajoy.
El objetivo fue evitar ser puesto en apuros por preguntas incómodas sobre las cuentas del Partido Popular, actualmente en el gobierno.
A veces resulta complicado seguir lo que está ocurriendo en España: el partido político al mando e incluso la familia Real están envueltos en escándalos de corrupción. Como respuesta, todo el mundo habla sobre «transparencia» pero la insuficiente ley de acceso a la información hace lentos progresos en el Congreso.
La directora de Access Info Europe, Helen Darbishire, quien lleva en España más de seis años promoviendo el derecho de acceso a la información, responde sobre lo que está pasando y cómo los actuales escándalos de corrupción afectan a la campaña por un gobierno abierto.
P: ¿En qué punto está la ley de acceso a la información en estos momentos?
Helen Darbishire: El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno está siendo considerado por la Comisión Constitucional del Congreso. La versión que actualmente está bajo consideración es la presentada al Congreso por el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2012. Véase la declaración del Consejo de Ministros. Por lo que sabemos, y pese a las distintas promesas que se han hecho en respuesta a las críticas por el proyecto de ley, éste no ha sido modificado.
La proposiciçon de ley de acceso a la información fue preparada por el Partido Popular, tras llegar al poder en las elecciones de noviembre de 2011, con la promesa de presentar una ley de transparencia en sus 100 primeros días.
El primer borrador, hecho público en marzo de 2012, fue rotundamente criticado por expertos nacionales e internacionales. Más de 3.700 personas participaron, a principios de abril de 2012, en una consulta pública sobre el borrador que estuvo abierta durante dos semanas. Aunque el gobierno nunca publicó un informe sobre dicha consulta, la filtración de un informe interno mostró que la mayoría de los participantes habían pedido que la ley fuera fortalecida de manera significativa.
En análisis de Access Info Europe, el proyecto de ley no permitirá a España ratificar la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales.
P: ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuándo será aprobada la ley?
Helen Darbishire: La Comisión Constitucional del Congreso ha mantenido dos audiencias para discutir sobre el proyecto de ley, uno el 23/01/2013 y otro el 07/02/2013, con ocho invitados externos que aportaron comentarios sobre el mismo. No todos esos invitados son expertos en acceso a la información; de hecho, un catedrático llegó a decir en su intervención que no sabía por qué había sido invitado.
Por otro lado, ni Access Info Europe ni los 65 miembros de la Coalición Pro Acceso, los cuales han estado presionando durante 6 años para aprobar una ley, han sido invitados a participar. La Coalición publicó un comunicado de interés la semana pasada, ver aquí. [2]
Siempre que el actual gobierno no caiga, la ley debería ser aprobada antes de las vacaciones de verano de 2013. Probablemente, no vaya a ser objeto de grandes reformas, lo que significa que la ley de acceso a la información más reciente del mundo será también una de las peores.
P: ¿Podría caer el gobierno? ¿Son los escándalos de corrupción tan serios?
Helen Darbishire: El gobierno está inmerso en un escándalo de corrupción potencialmente masivo, que está provocando que su situación parezca insostenible. Su popularidad, según los sondeos de opinión, es baja -el partido en el poder tenía un 29% de aprobación antes de que estallara el actual escándalo de corrupción-.
No obstante, el partido en el gobierno tiene una mayoría absoluta en el Congreso, con 186 de los 350 escaños tras las elecciones de noviembre de 2011. Normalmente, las elecciones en España se celebran cada cuatro años.
Q: ¿Sobre qué trata este escándalo de corrupción?
Helen Darbishire: El Partido Popular, actualmente en el gobierno, está atrapado en una trama de corrupción que ha sacudido incluso a la opinión pública española, acostumbrada a escuchar sobre las dudosas relaciones entre partidos políticos, empresarios, constructoras y bancos en quiebra.
En el centro de este caso está el hombre que durante 31 años fue tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien de alguna forma se las ha arreglado para acumular millones en cuentas bancarias suizas. Según lo que el propio Bárcenas ha contado a los jueces que investigan el caso, llegó a tener 38 millones de euros en estas cuentas suizas. No está todavía claro de dónde procedía ese dinero
Las últimas noticias de esta semana indicaban que los principales miembros del PP habían estado mintiendo al público sobre el tema de que Bárcenas estuviera empleado en la sede del partido, con un salario de más de 200.000 euros al año, a pesar de que ya había sido formalmente acusado en otro gran caso de corrupción en 2010, el caso Gürtel. [3]
El 31 de enero de 2013 el periódico «El País» publicó documentos que muestran que miembros veteranos del gobierno, incluyendo, presuntamente, al Presidente, recibieron pagos en negro usando fondos donados al partido por parte de empresarios. El gobierno todavía no se ha pronunciado por completo sobre estas afirmaciones y está evitando, de forma sistemática, dar respuestas exhaustivas a las preguntas de los medios.
Para más información sobre el caso, véase El País.
P: ¿Qué tiene que ver esto con la crisis financiera?
Helen Darbishire: Quizás lo más indignante para el pueblo español sea que los políticos al mando parecen haber estado recibiendo salarios sin pagar impuestos, mientras un gran porcentaje de la población -26% del total y más del 55% de los jóvenes- está desempleada, y todo el mundo ha sido golpeado por una serie de subidas de impuestos y por los recortes en los servicios públicos esenciales.
P: Con toda esta preocupación por la corrupción, ¿por qué Access Info Europe tuvo que pagar 3.000 euros en tasas judiciales para preguntar sobre medidas anticorrupción?
Helen Darbishire: En 2007 Juanjo Cordero, miembro de nuestra junta, presentó una solicitud de información en la que preguntaba al Ministro de Justicia qué estaba haciendo el gobierno español para aplicar la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención para combatir el Cohecho de la OCDE. Fuimos a los tribunales tras un silencio administrativo inicial, seguido de una respuesta a nuestro recurso, que decía que no teníamos derecho a preguntar.
Resumiendo, perdimos el caso ante el Tribunal Supremo y tuvimos que pagar 3.000 euros por el tiempo que el abogado del gobierno había dedicado a defender el caso.
El Tribunal Supremo español dictaminó que la sociedad civil no tiene derecho a pedir «explicaciones» al gobierno -sentenció que sólo el Congreso lo tiene -. Access Info Europe había solicitado al tribunal que se pronunciara sobre la naturaleza fundamental del derecho a la información, y había argumentado que ésta debería considerarse como parte de la protección constitucional del derecho de expresión. El Tribunal no se manifestó sobre este punto.
Access Info Europe ha recurrido el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional, pero como no era posible interponer un recurso sobre las costas, ya se los hemos pagado al gobierno y entran en el presupuesto general.
En el contexto de corrupción descontrolada que vive la clase política en España, el oponerse a proporcionar información sobre lo que se está haciendo para combatirla tal vez no sea sorprendente, pero resulta escandaloso.
P: ¿Qué impacto tendrán los escándalos de corrupción sobre la ley de transparencia?
Helen Darbishire: En respuesta a los escándalos de corrupción, la palabra «transparencia» se escucha con frecuencia en boca de los políticos, aunque a menudo en el más amplio sentido de «integridad» o «responsabilidad», más que asegurar estrictamente un mayor acceso a la información entendida como el derecho a solicitar o recibir información.
En enero de 2013, Access Info Europe y la Fundación Civio lanzaron una petición online instando a que los partidos políticos entraran dentro del alcance de la ley de acceso a la información; fue firmada por más de 176.000 personas. La respuesta del gobierno ha sido decir que «los criterios de la Ley de Transparencia también serán aplicados a los partidos políticos» [4] pero esto no es lo mismo que proponer una enmienda a la ley.
El Presidente del Gobierno también dijo que esos principios de transparencia serían aplicados a «todos los organismos financiados por fondos públicos» y «organizaciones empresariales y sindicatos» -pero, de nuevo, no es lo mismo esto que extender formalmente el ámbito de actuación de la ley de acceso a la información.
Q: ¿Qué falla en el proyecto de ley?
Helen Darbishire: Hay una serie de problemas con la ley, que cubre la divulgación proactiva y reactiva de información, pero también, y únicamente entre las 93 leyes de acceso a la información del mundo, contiene un capítulo sobre buen gobierno que establece sanciones por violaciones de otras leyes relativas a conductas administrativas, éticas o conflictos de intereses.
Algunos de los problemas más significativos detectados por Access Info Europe y expertos nacionales e internacionales son:
» ¡No es un derecho! El actual proyecto de ley no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. La mayor consecuencia de esto serán las complicaciones cuando haya que aplicar la nueva norma en el complicado sistema autonómico español.
» La privacidad prevalecerá: Otra consecuencia crucial es que la ley no tiene el mismo estatus que la ley de privacidad, que está fuertemente regulada en España y que se aplica con rigor para denegar el acceso a la información que contiene nombres de individuos.
» Alcance limitado: El alcance del proyecto de ley está limitado a los organismos que están sujetos al derecho administrativo, excluyendo mucha información relativa al poder legislativo y judicial, así como otros organismos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social.
» Información limitada: El controvertido Artículo 15 de la ley excluye grandes cantidades de información del derecho a preguntar, incluyendo «información auxiliar o de apoyo como son las notas, borradores, opiniones, sumarios, y comunicaciones e informes internos compartidos dentro o entre los organismos públicos».
» Difiere de otras leyes: una disposición que va más lejos, la Primera Disposición Adicional, convierte a la ley de transparencia en secundaria frente a otras informaciones que estén sujetas a «un régimen legal específico para el acceso a la información».
» Débil supervisión: El organismo de control propuesto (la Agencia Estatal de Transparencia) es dependiente del gobierno y sus poderes no están especificados en el proyecto de ley.
Estas deficiencias en la ley son de especial importancia porque nuestro seguimiento en España muestra un nivel de silencio administrativo que ronda el 50%, y con sólo un 15% de solicitudes que consiguen contestaciones con la información deseada. Esto es, en práctica, una considerable falta de transparencia que solo puede ser modificada por una ley de acceso a la información fuerte.
P: ¿Y qué tiene de bueno el proyecto de ley?
Helen Darbishire: El proyecto de ley tiene una serie de obligaciones de transparencia proactiva, muchas de las cuales reflejan los requisitos o prácticas existentes. También establece un mecanismo básico para que la ciudadanía pida información, previo registro de la identidad del solicitante, una dirección, y los detalles de la solicitud de información, y establece un periodo de un mes para responder.
Los solicitantes no tienen por qué explicar su motivación, pero esto se ve socavado por un artículo que dice que «pueden incluir razones» y que si lo hacen, deben ser tenidas en cuenta en el momento de resolver la solicitud.
P: ¿No es España un miembro de la Sociedad de Gobierno Abierto?
Helen Darbishire: ¡Sí! Al menos en teoría. España se adhirió al Open Government Partnership el 31 de agosto de 2011, con una carta en la que declaraba que el país «comparte los objetivos y las actividades planificadas [del OGP]». [5] El 11 de abril de 2012 el gobierno de España envió a la Secretaría del OGP un plan de acción que puede encontrarse aquí.
Este documento había sido lanzado el 3 de abril de 2012, como un borrador de la versión en español dirigido a un número limitado de representantes de la sociedad civil. No hubo tiempo para un debate apropiado, pero Access Info Europe reaccionó rápidamente con sus comentarios el 9 de abril de 2012, que pueden leerse aquí. La versión en inglés presentada al OGP el 11 de abril no tiene modificaciones relevantes (está catalogado como definitivo). No hay una versión en español disponible públicamente en ningún sitio web del gobierno de España.
Desde entonces no ha habido una consulta pública sobre el plan de acción. El 4 de octubre, en la reunión del OGP en Dubrovnik, una representante del gobierno español fue preguntada en público por la consulta sobre el plan de acción y, simplemente, respondió: «No hay noticias». El 10 de diciembre, en una reunión regional del OGP en Italia, la misma representante, Esperanza Zambrano, Subdirectora General de Propuestas Normativas y Documentación Parlamentaria en el Ministerio de la Presidenciaa, declaró que se estaba preparando un nuevo plan de acción. En el momento de escribir esto (25 de febrero de 2013), no han sido comunicadas más noticias a la sociedad civil.
El gobierno de España no ha dedicado un espacio web con información sobre su participación en en el OGP. No ha habido novedades sobre el progreso realizado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan de acción.
P: ¿Qué puede suceder a partir de ahora?
Helen Darbishire: es muy difícil de decir pero hay un número de puntos clave en los que la gente puede fijarse, empezando con cualquier cambio en el gobierno como respuesta a los casos de corrupción, puesto que estos cambios podrían influir -bien positiva o negativamente- en la ley de transparencia.
Los próximos observadores de España deberían estar pendientes de las noticias sobre cualquier cambio propuesto para la ley de acceso a la información. Los expertos y activistas están pidiendo que el texto del proyecto de ley sea reforzado. La cuestión es si la actual crisis política será suficiente para persuadir a las autoridades españolas de acercar la ley a la línea de los estándares internacionales.
La situación política -y económica y social- en España es muy frágil ahora mismo. En Access Info Europe esperamos sinceramente que el gobierno responda ante esto haciendo las cosas bien, siempre que se trate de una mejora en transparencia y del fortalecimiento de la democracia y gobierno abierto.