El pasado miércoles 27 de junio, la Coalición Pro Acceso recibió respuesta a la carta que envió el 1 de junio al secretario de Estado José Luis Ayllón, responsable de la ley de transparencia en el actual Gobierno. Esta carta solo responde a una de las seis preguntas que la Coalición Pro Acceso hacía al gobierno sobre la futura ley de transparencia.
En su respuesta, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes solo explica las razones por las que este Gobierno considera que el derecho de acceso a la información no es un derecho fundamental y por qué no van a crear un organismo independiente de revisión, tal y como han recomendado expertos en la materia a nivel nacional e internacional.
Carta del Secretario de Estado a la Coalición Pro Acceso
Las cinco preguntas que quedaron sin contestar:
» Si con esta ley podremos ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos;
» Si van a publicar las aportaciones que se hicieron a la consulta pública;
» Si van a tener en cuenta las aportaciones de la Comisión de Expertos;
» Cuándo pasará esta ley a trámite parlamentario;
» Si van a realizar una consulta pública sobre el plan de acción de gobierno abierto que presentaron en Brasilia en abril, tal y como establece la Iniciativa Open Government Partnership.
“Con su falta de respuesta a las preguntas realizadas por la Sociedad Civil, el gobierno se pone en evidencia y muestra la falta de cultura en el derecho de acceso a la información”, comentaba Victoria Anderica, responsable de Campañas de Access Info Europe.
En la carta recibida, también se hace referencia a la buena acogida que esta ley ha tenido en la sociedad, poniendo como prueba una encuesta del CIS de la que se concluye que entre las 35.3% de los ciudadanos que dicen “haber oido hablar de la ley de transaprencia”, un 60,8% de ellos la consideran muy o bastante positiva, en respuesta a la pregunta “Y en general, ¿cree Ud. que esta ley será muy, bastante, poco o nada positiva para mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas en España?“. No se ha preguntado al público si han leido el anteproyecto de ley o si tienen un conocimiento más profundo en la materia. Desde Access Info Europe consideramos que este argumento no tiene más fuerza que el hecho de que los expertos en la materia, nacionales así como internacionales, la hayan considerado en su mayoría insuficiente.